Pecadores públicos: la falacia del fuero interno

A raíz de las polémicas suscitadas en torno al acceso a la Comunión de los divorciados unidos por matrimonio civil se ha hablado de los pecadores públicos. Aunque el lenguaje eclesial se ha diluido bastante, la sustancia de la disciplina al respecto se mantiene (CIC 1983, c. 915; c. 987; c. 1007; c. 1184 &1, 3º).

La conducta que constituye en pecador público es:

a)   Externa. Se percibe por los sentidos. Pueden ser palabras, gestos, actitudes positivas y también la omisión de algo obligatorio (v.gr., la misa dominical).

b)     Pública. Manifiesta para los integrantes de la comunidad.

c)  Grave. Se trata de una inmoralidad objetiva, material (al menos), obstinada en lo externo. 

Es frecuente en esta materia apelar al denominado fuero interno, recordando que la Iglesia no juzga de lo interior y que nosotros no podemos juzgar en ese ámbito; y también remitirse al estado de la conciencia de los sujetos que realizan determinadas conductas. Lo cual es verdad, pero cuando se lo extrapola al fuero externo, se siguen falacias.

En primer lugar, se debe recordar que hay un canon que prohíbe a los pecadores públicos el acceso a la Comunión describiéndolos como los “que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave”. Sobre el alcance de esta norma, se han dado precisiones oficiales. Y la doctrina que comenta el canon ha precisado que un pecado es “manifiesto” cuando esto es claro y definido, sin posibles dudas, y cuanto menos “en sí” es público, esto es, puede ser probado en el fuero externo. El ministro no debe juzgar de la responsabilidad ante Dios por el hecho, ya que este juicio nunca puede ser dado por un hombre de manera segura y definitiva: "...no da ningún juicio sobre el fuero interno, sino que deja la responsabilidad de la culpa fuera de consideración. Él decide en el fuero externo que alguien no puede ser admitido a la sagrada Comunión. En el canon 915 se trata por consiguiente de un pecado material: esto significa una acción que objetivamente es mala y también grave…” (ver aquí).

En segundo lugar, la situación de pecador público es infamante. Por esto el ministro puede denegarle la Comunión a quien se encuentra comprendido en tal situación sin difamarlo. Porque la situación objetiva es notoria en la comunidad y no se causa infamia a quien pide el sacramento en tales circunstancias.

Conviene advertir, por último, que la noción de pecador público no sólo es aplicable al supuesto de los adúlteros. Se ha aplicado también en el ámbito político (ver aquí). Toda vez que se hace un juicio moral objetivo sobre conductas externas, públicas, en materia grave, de nada vale decir luego que no se juzga de lo interior, ni sobre la conciencia, para eludir la responsabilidad que corresponde a quien juzga; porque la conclusión que lógicamente se sigue es que los sujetos de tales conductas, si son católicos, deben considerarse como pecadores públicos, con las consecuencias que esto tiene en materia sacramental y el consiguiente efecto infamante. No se puede levantar un monumento a los principios y un cadalso a las conclusiones.

P.s.: la foto que ilustra esta entrada es de una política argentina que se dedica de modo sistemático a lanzar anatemas morales contra individuos y grupos a los cuales imputa la condición de pecadores públicos aunque sin usar la fórmula técnica. Tiene un discurso "moralizante" que supone una concepción de la acción humana en la cual la complicidad con el mal ajeno se da de modo mágico, casi se diría que por contagio u ósmosis.