¿Resistencia a la autoridad?

Se ha dicho que toda discusión que se prolongue lo suficiente termina en semántica. Lo cierto es que, bromas aparte, algo de verdad contiene la frase.

A raíz de algunos comentarios a una entrada anterior y a la insistencia de un amigo de nuestra bitácora, aprovechamos ahora para hacer algunas precisiones, que no hicimos antes por parecernos que a buen entendedor pocas palabras bastan...

En teoría política se ha hecho usual la distinción entre poder y autoridad. Si bien el poder puede hallar sustento en la autoridad de quien lo posee y ejercita, se sostiene que ambas nociones no son sinónimas. Para Bertrand de Jouvenel autoridad es el reconocimiento de la aptitud de mandar de un hombre o grupo, por parte de quienes conforman el otro término de la relación de mando y obediencia. Tiene autoridad quien consigue acatamiento sin necesidad de recurrir a la coacción. La autoridad atrae el consentimiento del otro, sirve de fundamento al poder e implica el reconocimiento de los gobernados de la idoneidad y virtud de quien manda. El poder no es estable ni se conserva sin la sólida base de la autoridad; la sola fuerza no logra mantener pacíficamente la relación mando-obediencia. En este planteamiento -de modo coherente con el liberalismo clásico- se resalta que mediante la autoridad el poder debe proteger y promover los derechos individuales.

La naturaleza peculiar de la Iglesia no permite adoptar fácilmente nociones políticas profanas, como la precedente distinción entre autoridad y poder. La aplicación sería posible, si se precisara el significado de los términos, pero prestando mucha atención a las diferencias que median entre la sociedad eclesiástica y la política. La analogía malentendida conduciría a fórmulas de dudosa ortodoxia, o abiertamente contrarias al derecho divino ("Iglesia carnal" e "Iglesia espiritual, de los fraticellos; "Iglesia de la caridad" e "Iglesia del Derecho"; "Iglesia carismática" e "Iglesia jerárquica", etc.). Porque en la Iglesia la autoridad-potestad proviene del derecho divino positivo y también este determina la forma de gobierno. Es un error condenado negar obediencia a la jerarquía eclesiástica pretextando su falta de idoneidad y virtud, es decir, carencia de autoridad en el sentido indicado en el párrafo anterior.

En una entrada hablamos de resistencia a la autoridad eclesiástica. La autoridad es un elemento esencial y definitorio de la Iglesia; así, v.gr. Palmieri, la define como "reino de Dios sobre la tierra, gobernado por la autoridad apostólica". En la Iglesia, auctoritas puede designar tanto al sujeto titular de un poder como ese poder o potestad. Al menos desde el Syllabus, es frecuente el uso de autoridad y potestad como sinónimos. En cuanto a nuestra entrada, lo que designamos como resistencia a la autoridad, dicho ahora en términos canónicos más precisos, es el acto en virtud del cual un católico –laico o clérigo- se niega a obedecer un mandato dictado en ejercicio de la potestad de régimen, llamada también de gobierno o jurisdicción. En la Iglesia, la potestad de régimen fue comunicada por Cristo a los Apóstoles, para que la desempeñen en su nombre. Dado que la Iglesia es por voluntad divina una sociedad jerárquica, los titulares de esta potestad (=autoridades) son los integrantes de la Jerarquía eclesiástica.

En el incidente de Antioquia (Gál., II, 11-16) San Pablo resiste cara a cara a San Pedro. No pone en tela de juicio su condición de sujeto titular de la autoridad, ni su Primado, sino determinados actos concretos de ejercicio de su autoridad primacial. A partir de este incidente, hay una tradición eclesial de resistencia, que si reúne ciertas condiciones estrictas, es una conducta legítima y muchas veces debida. Porque el objeto formal de la obediencia, según Santo Tomás, es el mandato, pero éste no puede ser aceptado de una manera ciega e irracional. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el mandato de Alejandro VI a su concubina de retornar al lecho bajo amenaza de excomunión. Si en la conducta imperada por la autoridad se ve una inmoralidad intrínseca y manifiesta se debe resistir, no ejecutando lo mandado. En cambio, si la conducta imperada no es mala, hay que obedecerla, sin que sea excusa válida la distinción política entre autoridad y poder.