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lunes, 24 de abril de 2017

Pobre antes que esclava

La tesis de la confesionalidad católica del Estado es un principio de validez permanente, que no caduca, aunque no sea aplicable en determinadas circunstancias. Decíamos en una entrada anterior que es posible reducir a dos los principios que deben regir las relaciones Iglesia-Estado: la libertad de la Iglesia de poder ejercitar su misión; la cooperación, en virtud del cual los estados, sin dejar de ser tales ni perder su legítima autonomía, deben cooperar a que la Iglesia logre su fin. Estos principios admiten diversos grados de perfección en su puesta en práctica, razón por la cual se distingue entre tesis e hipótesis, y no deben concebirse como opuestos, radicalizando así una (falsa) dicotomía que termine en un nihilismo destructivo. 
Un amigo de nuestra bitácora nos ha enviado un párrafo de Vázquez de Mella que nos parece digno de publicarse. Puesto en la necesidad de elegir entre la pobreza, por falta de cooperación estatal, y la ausencia de libertad para la Iglesia, Mella manifiesta ser más tolerable la primera que la segunda.
«Un día decía Montalembert que estaba él en Irlanda y que en la cima de una colina había visto una capilla que se parecía mucho a una choza, que en ella se levantaba un altar, sobre el altar una pobre cruz de madera, y delante de la cruz de madera un sacerdote venerable [...] y Montalembert decía: ¡Qué Iglesia tan pobre; no tiene más que una choza y una cruz de madera; pero en medio de su pobreza es libre, y el pueblo rico en la fe! Y cuando más tarde, en los días de la corrupción de Luis Felipe, penetraba en las magníficas catedrales de su patria y veía entre el lujo y los esplendores palatinos de una corte escéptica los uniformes recamados en oro, las magnificencias del culto, mientras a lo lejos se percibía ya el rumor del torrente revolucionario próximo a desbordarse decía: ¡Qué Iglesia tan rica y tan esclava, y qué pueblo tan pobre en la fe! Por eso digo yo: Quiero antes a la Iglesia pobre que esclava, porque sé que el Salvador manejó las herramientas del trabajo en el taller de Nazaret, que fue perseguido, que sufrió sed, que fue flagelado en la columna, escarnecido en el pretorio, que sufrió el martirio y la afrenta, pero que no quiso nunca extender la mano para ser postulante del César» (Juan Vázquez de Mella, La separación de la Iglesia y del Estado, 13 de noviembre de 1906).


jueves, 9 de enero de 2014

¿Intransigencia o adaptación?


La entrevista a John Rao ha sido un aporte interesante para desmitificar el modelo norteamericano. En las décadas de 1950 y 1960, las falencias del modelo estadounidense eran menos visibles que en la actualidad. Ofrecemos hoy el fragmento de un libro que reflexiona sobre los pros y contras de dos actitudes fundamentales que pueden asumir los católicos en la vida política. Las reflexiones también parecen aplicables al ámbito intra-eclesial.

"…surgen diversas actitudes en los espíritus. A dos grandes géneros se pueden reducir, hablando en líneas generales.
Primera actitud: Es la de aquellos que concentran su atención y esfuerzo en lo actual, no ciertamente desconociendo que hay un ideal, por decirlo así, puro y absoluto, al que hay que tender; pero sí trabajando en lo actual como si prácticamente fuera algo definitivo, o por lo menos tal que durará mucho tiempo sin que se pueda al presente influir sensiblemente en un acercamiento mayor al ideal puro cuya consecución, aun deficiente e imperfecta, se pierde en lejanías misteriosas e imprevisibles. 
La segunda actitud es la de aquellos que miran constantemente al ideal puro o a lo que debe ser, y a través de él contemplan lo actual, y por tanto con la continua atención y esfuerzo para ir influyendo en personas y circunstancias para la más pronta y eficaz consecución del ideal. La fe les guía y alienta, y el deseo de que sea lo que debe ser.
De estas actitudes se derivan conductas que pueden ser muy desemejantes. 1) Unos apenas proclaman el ideal y los principios absolutos; sólo parecen recordarlos de pasada, aunque puede ser que, cuando es necesario, con gran valentía. En cambio insisten en la visión de lo actual, y en las oportunidades de la acción inmediata. Corrientemente parecen convenir en todo con las personas aconfesionales y discurrir a la manera de ellas; con ellas colaboran amigablemente en el planteo y solución de los problemas sociales. Ven muy lejano el despuntar del sublime ideal y su irradiación en la práctica y creen perder tiempo levantando los ojos de la realidad para contemplar el ideal en toda su pureza y entusiasmarse por él. 2) Otros, en cambio, parecen estar siempre como desasosegados y descontentos de lo real. Lo miran siempre en relación con el ideal puro y con lo que debe ser en toda su plenitud. Y por esto ven siempre impresionados las deficiencias de la realidad. No se acomodan con satisfacción a los aconfesionales; y aunque agradecen lo que se les da, no renuncian en manera alguna, y así lo hacen constar claramente, a lo que tienen derecho. De ahí cierta actitud permanente de exigencia y de lucha.
De suyo, hablando en abstracto, las dos actitudes y conductas son estrictamente legítimas: la de «inteligencia, adaptación, armonía», y la de «intransigencia o lucha tenaz por el ideal»; y hablando también en abstracto, su vicio radical sería el desentenderse una plenamente de la otra con exclusivismo total. — ¿Cuál es en la práctica la más eficaz? Cuestión enormemente difícil, la más difícil quizá de todas las cuestiones prácticas de algún momento que sobre la conducta pública de un individuo o una sociedad se pueden proponer. Casi parece insoluble, y siempre habrá sobre ella respuestas divergentes —. Por de pronto en ambas soluciones la eficacia depende mucho de las personas y circunstancias (...). En todo caso las consecuencias son tremendas, pues de la solución adoptada depende muchas veces el porvenir religioso de las naciones. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido del catolicismo en Francia si hubieran permanecido compactos los católicos después de la Ley Falloux, luchando todos a una en una dirección valiente y bien fija? Pero después de esa Ley surgieron diferencias de opinión y de táctica que no fueron sino acrecentándose y ensanchándose con el correr de los tiempos. La «adhesión» o el «ralliement» no logró concentrar las fuerzas católicas y el resultado final ha sido y es doloroso y patente.
León XIII
En general, las actitudes intransigentes son las que mejor suele entender el pueblo cuando está todavía en posesión de su fe y religión, y en las que más a gusto entra. Las actitudes de inteligencia y adaptación son más bien del gusto de grupos selectos, a no ser cuando degeneran en el extremo de dejación y renuncia completa del ideal, pues entonces el pueblo, amortiguado el vigor de la fe, vive a sus anchas dentro de ellas.
Unas y otras tienen sus graves peligros y sus grandes ventajas. En la actitud de intransigencia y de lucha hay el enorme peligro de que, exigiéndose todo, al fin se quede uno con nada o muy poco; hay además el peligro de que hierva siempre una especie de desasosiego y lucha sorda en el seno mismo de la sociedad. Pero también hay la ventaja incomparable de que la lucha continua por el ideal evita el estancamiento y la corrupción, impide que se evaporen o pierdan su vigor las esencias de los principios, procurando que se apliquen con decisión y en su integridad a la práctica. A propósito del levantamiento de la Vendée ha escrito Alberto Vandal: «Hay que reconocerlo: la sangre derramada a torrentes en el Oeste fue para el catolicismo francés el germen de salvación». Y en diversas ocasiones la persistencia del catolicismo en un ambiente favorable a su difusión sin estorbo de otros cultos, se ha debido a grupos, más o menos numerosos, de católicos valientes que quieren defender sin balbuceos su catolicismo y que ante todo quieren ser católicos. Por fin, esta actitud es también la que enseña a guardar mejor la jerarquía de valores, concediendo clara y resueltamente a la Religión la primacía sobre todo lo demás.
Por su parte las actitudes de inteligencia, adaptación y armonía, si bien fracasan generalmente ante sectarios convencidos que a todo trance y por encima de todo quieren combatir la Religión Católica, suelen conseguir protección, buen trato y aun bastantes facilidades de acción cuando se trata de adversarios leales, que buscan sinceramente salvaguardar lo que juzgan el derecho de todos, y una convivencia social en un régimen fecundo de bienestar, de orden y de paz. Pero estas ventajas van acompañadas de muy graves inconvenientes. a) Hay ante todo en la masa el peligro de que, o no se resigne a ir por esos caminos de «inteligencia», o de que, puesta ya en esa ruta, llegue a extremos reprobables, pues la masa de suyo es extremista en bien y en mal. b) Hay también el peligro de que por los caminos de «inteligencia y adaptación » que son siempre de cierta condescendencia, se engendre una actitud de espíritu en la que se mire el hecho y la hipótesis actual como la única digna de ser tenida en cuenta, y se aparte la atención de lo que de suyo y por derecho habría de ser. Y esta actitud con frecuencia quita los estímulos para procurar una situación mejor y más conforme al ideal; al contrario hace como descansar en la situación actual como en algo definitivo a lo cual hay que acomodarse. Y fuerza es confesar que la naturaleza se acomoda con gusto. Y por lo general, cuanto menos se siente lo sobrenatural y divino y la trascendencia de la salvación de las almas sobre lo terrenal y pasajero, con mayor facilidad y gusto se acomoda uno a estas situaciones de hecho. c) En fin, las acomodaciones no son muy aptas para enseñar, y menos a la masa, la verdadera jerarquía de los valores, por la que sabemos anteponer lo divino a lo humano, los bienes del espíritu a los bienes materiales y del cuerpo, y el conato y esfuerzo, y, cuando es preciso, aun la lucha valiente y heroica por el ideal, a un estado de simples ventajas y bienestar material, pero en el que más o menos calladamente salen mermados los intereses de Dios y de las almas.
Jean Ousset
Los seguidores de una y otra parte buscan ejemplos en la historia para confirmar su respectiva actitud. Si los unos hallan en el Imperio español de los siglos XVI y XVII un ejemplo de los males horribles que se evitan con una actitud valiente y resuelta contra la heterodoxia y libertades excesivas, los otros señalan la próspera y potente República de Estados Unidos como ejemplar glorioso de un régimen de libertad religiosa que ampara los derechos de todos los ciudadanos en sus creencias religiosas ; y por lo mismo hacen notar cuán acertados y prudentes son allí los católicos no pidiendo ni pretendiendo ni menos exigiendo favores especiales.
Tomado de:
Segarra, I. La Iglesia y el Estado, Ed. Casals, Barcelona, 1963, ps. 150 -153.


sábado, 26 de enero de 2013

Tolerancia e intolerancia (y 2)

Con esta entrada ponemos fin a la serie de cuatro destinada a recordar la doctrina tradicional sobre las relaciones Iglesia-Estado. 

1. La tolerancia consiste, como ya hemos dicho, en no impedir un comportamiento sin aprobarlo, y por tanto se realiza a través de una omisión. En líneas generales, no impedir sin aprobar no es per se, ni hacer el mal para obtener un bien, ni cooperar formalmente a un pecado o a un delito del prójimo. En cuanto puede ser considerado como un remoto facilitar a través de una omisión, la tolerancia podrá ser en algunos casos una cooperación material, que puede ser moralmente lícita. Mientras los preceptos morales negativos son absolutos, de forma que nunca es moralmente lícito hacer lo que ellos prohíben, los preceptos morales positivos -como son los deberes de impedir- no obligan semper et pro semper, ya que el bien que se debe hacer en una determinada situación depende de las circunstancias las cuales no se pueden prever globalmente con antelación. Cuando reprimir un error religioso comporta causar un mayor mal o impedir un bien superior, la tolerancia está justificada y, en muchos casos, será incluso obligatoria.
2. Hasta el final del pontificado de Pío XII, existía fuerte consciencia de que ningún Estado podría dar un mandato positivo o una positiva autorización de enseñar o hacer lo contrario a la verdad religiosa. Por lo que, con apoyo en las distinciones de la Teología Moral sobre la cooperación al mal, la doctrina reprobaba cualquier cooperación formal con los cultos falsos, al tiempo que analizaba los distintos supuestos de cooperación material legítima que podrían plantearse en relación con la regulación legal de las confesiones disidentes en el seno de un Estado católico.
Los tratadistas del Derecho Público Eclesiástico explicaban la naturaleza de las normas reguladoras de las confesiones acatólicas incluyéndolas en la categoría de las leyes permisivas. Estas leyes son fuente de derechos subjetivos positivos -no naturales como en el Vaticano II- de carácter esencialmente negativo, porque otorgan a sus titulares el poder de exigir una abstención u omisión. Estos derechos de libertad extrínseca, como tales, no consisten formalmente en una autorización positiva de hacer algo (esto o aquello), sino simplemente en la consagración de la independencia que, frente al Estado u otro sujeto cualquiera, corresponde a los miembros de las confesiones en tanto que ciudadanos o simples habitantes de un Estado.
3. Además, los especialistas más connotados del Ius publicum ecclesiasticum (Ottaviani, Cavagnis, Conte a Coronata, etc.) trataban de solucionar los casos más frecuentes que la tolerancia podía plantear a la conciencia del gobernante católico en lo relativo a la regulación de los  grupos religiosos tolerados. Entre los distintos supuestos, cabe mencionar ahora los siguientes:
a) Organización. Si la confesión no se halla organizada, hacerlo es cooperación formal en beneficio del error, y, como tal, absolutamente prohibida. Pero no obraría mal el gobernante que permitiera a los miembros de una confesión organizarse por su cuenta y riesgo cuando, de lo contrario, se temiera fundadamente algún serio trastorno para la sociedad.
b) Reconocimiento de personalidad jurídica. Si ya existe de hecho la confesión, y hay motivos proporcionados, puede el Estado reconocerle personalidad jurídica.
c) Posesión de bienes temporales. Es éste un derecho inherente a la personalidad jurídica. No hay dificultad, por tanto, en que lo reconozca el Estado católico. Incluso se puede exigir a los miembros el pago de los tributos destinados a la propia confesión.
d) Ayuda material. No puede el Estado otorgarla como cooperación positiva y formal. Tal sería si tuviese en vista la confesión falsa como tal. Pero si entiende dirigir esta ayuda a la comunidad que la forma, es decir, a sus miembros en cuanto son ciudadanos que cooperan al bien común político, aun con la previsión de que se utilicen dichos dineros en favor de su confesión, no es de por sí ilícita la cooperación. Porque interviniendo todos los ciudadanos en el mantenimiento del erario, éste viene a pertenecer en realidad a todos, y ha de aplicarse, por lo mismo, a los interesados, proporcionalmente a la actividad que desarrollan.
e) Protección penal. El Estado católico puede reprimir los delitos que se cometen contra los miembros de una confesión tolerada y aun contra la confesión misma, pero como delitos civiles que perturban el orden público, no en defensa de la falsa religión.
Sin ánimo de agotar con una casuística interminable, lo cierto es que la enseñanza sobre la tolerancia formulada por Pío XII, unida a las aportaciones de la doctrina iuspublicista, había alcanzado un amplio desarrollo, mostraba capacidad de adaptación a las circunstancias del siglo XX y no sometía a los acatólicos a una discriminación injusta. 

martes, 1 de enero de 2013

Tolerancia e intolerancia (1)


1. Una cuestión conexa con la tesis de la confesionalidad católica es la relativa a la tolerancia del Estado en materia religiosa. El último documento del Magisterio que trata el tema de manera integral es el discurso de Pío XII al V Congreso de la Unión deJuristas católicos de Italia, de 1953, conocido como Ci riesce. Un documento claro, con variedad de matices y riqueza de precisiones, que ha sido objeto de interpretaciones sesgadas de diverso signo.
El discurso Ci riesce aborda el problema de la tolerancia con una amplitud hasta el momento desconocida, aplicando principios clásicos a una realidad política nueva: una comunidad internacional de Estados que no tiene uniformidad confesional porque está integrada por Estados cristianos, no cristianos, religiosamente indiferentes, etc. Es importante notar aquí, para poner discurso en su contexto histórico, que en 1947, la Constitución de la República Italiana mantenía la confesionalidad católica del Estado (el artículo 7 remitía a los Pactos de Letrán) pero con una importante ampliación de la libertad de culto y propaganda (art. 19) para las confesiones no católicas, y que el 4 de noviembre de 1950 se firmaba el Convenio europeo para la salvaguardia de los derechos del hombre por doce Estados de muy distinta posición confesional (República Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Turquía) cuyo artículo 9 establecía de la libertad de pensamiento, conciencia y de religión.
Para Pío XII, en el marco de una eventual comunidad de Estados carente de la homogeneidad confesional del Sacro Imperio, la regulación de la materia religiosa debería basarse en dos reglas: 1ª) dentro de su territorio y para sus ciudadanos, cada Estado será competente para regular el estatuto religioso de la población por medio de una ley propia; 2ª) en todo el territorio de la comunidad de los Estados estará permitido a los ciudadanos de cualquier Estado miembro el ejercicio de sus propias creencias, en cuanto éstas no se opongan a las leyes del Estado en que habitan.
2. El discurso de Pío XII contiene un núcleo doctrinal sobre el que parece importante recordar algunos puntos elementales, por su relación con la confesionalidad católica. En efecto, si un Estado católico tiene el deber de profesar la verdadera religión, ¿qué debe hacer respecto de las confesiones no católicas? La respuesta de Pío XII se articula sobre dos principios de aplicación alternativa: intolerancia y tolerancia. Hay que tener en cuenta que ambos principios recaen sobre un mismo objeto (material), que el Papa define como “lo que no responde a la verdad y a la norma moral”. Se trata, desde el punto de vista moral, de un desorden objetivo: un mal de orden práctico (vicio o pecado) o un mal de orden especulativo (error religioso). En cuanto constituye conducta jurídica, la exteriorización del error religioso puede tomar la forma de declaración (simple manifestación), acto de culto (manifestación sistemática) o misión (manifestación propagandística).
Precisado el objeto, la intolerancia consiste en una acción estatal impediente. Es decir que el Estado, con los medios que le son propios, singularmente a través de la coacción jurídica, previene y sanciona conductas que exteriorizan el error religioso.
La tolerancia, viene definida por el Papa como el no impedir “por medio de leyes estatales y de disposiciones coercitivas”. Consiste en la permisión jurídica de las manifestaciones externas de una religión falsa. Unas veces el Estado sólo de hecho lo permite; otras, mediante una ley positiva garantiza esa tolerancia. En cuanto no se impide un mal, la tolerancia puede ser considerada como un remoto facilitar, por lo que posee cierta razón de cooperación material con el mal, y es legítima toda vez que una causa proporcionada la justifique.
3. Intolerancia y tolerancia son principios que rigen la actuación estatal pero no son absolutos sino que se subordinan siempre a un principio superior: la primacía del bien común. Si se hace de la intolerancia última norma de acción, se desliza por una pendiente de fundamentalismo que puede llevar a un Estado totalitario. En cambio, si se absolutiza la tolerancia, se llega al Estado permisivo y, en casos extremos, a una anarquía disgregadora. En ambos supuestos, por exceso o por defecto, se daña al bien común, cuya realización es  el primer principio del obrar político.
Franco y el Rey Faisal
Por tanto, para juzgar sobre la legitimidad de la tolerancia en un Estado confesional católico es necesario considerar el bien común en una triple dimensión:
- El bien común de la Iglesia universal: cuando la intolerancia de un país católico es motivo de que la Iglesia sufra en otras partes, entorpece las conversiones, dificulta la perseverancia o santificación de los católicos, etc., podría estar justificada la tolerancia. Habría que demostrar, sin embargo, la existencia de tales hechos, y aun en el supuesto de que se ocasionasen estas incomodidades, habría que probar que los posibles males que la tolerancia acarrea a los católicos (pérdida de la fe, posible indiferentismo, confusión religiosa, etc.), y por tanto también a la Iglesia universal, quedan compensados con los beneficios de la tolerancia.
- El bien común temporal de la comunidad internacional: en tiempos de gran intercomunicación de las sociedades entre sí, la intolerancia legal puede traer consecuencias negativas en el plano internacional, como incidentes diplomáticos, sanciones de diversa índole para el Estado católico y hasta peligros de un conflicto bélico. De manera que un bien superior, como es la paz pública internacional, podría justificar la tolerancia.
- El bien común temporal del la nación católica: si por causa de la intolerancia legal advienen males mayores a los previstos por la tolerancia, como sucedería, por ejemplo, si se hace imposible la paz pública, sin la cual la misma religión verdadera sufriría graves daños, el Estado podría tolerar a los falsos cultos por razones de bien común temporal.
En los casos concretos, la determinación de la existencia de las circunstancias que constituyen causa proporcionada de tolerancia religiosa es una decisión de prudencia gubernativa a dictar por la autoridad eclesiástica y la política. Por ambas: por la eclesiástica, porque los asuntos religiosos son de su incumbencia directa; y por la política, porque a parte de ser ella quien tiene el poder coercitivo, puede ocurrir que la cuestión religiosa tenga implicaciones políticas nacionales e internacionales. La decisión definitiva sobre este punto queda reservada, según Pío XII, al Romano Pontífice como juez de última instancia.