1. Sostener la tesis católica en España y con ella el
restablecimiento de la Unidad Católica, y luchar contra todos los errores
condenados por la
Santa Sede, especialmente
los comprendidos en el Syllabus, y las libertades de
perdición, hijas del llamado derecho nuevo o liberalismo, cuya aplicación
al gobierno de nuestra patria es ocasión de tantos males. Esta lucha debe
efectuarse dentro de la legalidad constituida, esgrimiendo cuantas armas
lícitas pone la misma en nuestras manos.
España era en ese momento una nación religiosamente homogénea,
poseedora de una compacta unidad que la diferenciaba de otros países. Para
salvaguardar el bien común de la unidad católica, la lucha contra los errores
liberales era una prioridad. Lamentablemente, al finalizar el régimen de Franco
comenzaría a perderse la unidad católica en un proceso que parece no haber
concluido. Razón por la cual, mientras no se logre recuperar cierto grado de
unidad religiosa, el sostenimiento de la tesis parece políticamente inviable.
En cuanto a los instrumentos, nótese la insistencia en el uso
de todos los medios honestos dentro de la legalidad
constituida entre los cuales destaca –en párrafos posteriores, de modo
explícito- la participación política y la lucha electoral en un sistema de
partidos.
2. No acusar a nadie como no católico o menos católico por el solo
hecho de militar en partidos políticos llamados o no llamados liberales,
si bien este nombre repugna justamente a muchos, y mejor sería no
emplearlo. Combatir «sistemáticamente» a hombres y partidos por el solo hecho
de llamarse liberales, no sería justo ni oportuno; combátanse los actos y
las doctrinas reprobables, cuando se producen, sea cual fuere el partido a
que estén afiliados los que ponen tales actos o sostienen tales doctrinas.
Se manda no cuestionar la catolicidad de nadie por su sola
militancia partidaria. El documento advierte sobre lo que a nuestro juicio es
una confusión derivada de la polisemia del término liberalismo,
que da lugar a polémicas puramente verbales en que no se discuten
pensamientos sino palabras. Lo que se ha de rechazar son las doctrinas erróneas,
cualquiera sea el término con el cual se designen, así como los actos
inicuos, sin importar el nombre del partido que los promueva.
Otro aspecto importante es que el documento previene contra la
posible logofobia.
No es cuestión de batallar contra un término, aunque el uso de la palabra liberal no
sea recomendable y pueda repugnar, sino contra errores y males sociales
realmente existentes.
3. Lo bueno y lo honesto que hagan, digan y sostengan los
afiliados a cualquier partido y las personas que ejerzan autoridad puede y
debe ser aprobado y apoyado por todos los que se precian de buenos
católicos y buenos ciudadanos, no solamente en privado, sino en las
Cortes, en las Diputaciones, en los Municipios y en todo el orden social.
La abstención y oposición a priori están reñidas con el
amor que debemos a la
Religión y
a la
Patria.
Viene al caso citar aquí una anécdota que nos envió un amigo, que
tuvo lugar en años posteriores, pero que es reveladora de una mentalidad: el
padre Gafo había defendido, como diputado que era, desde la tribuna de
oradores, un proyecto de ley de protección social a los trabajadores. Desde su
bancada (el bloque de las derechas, con mayoría absoluta y sustentando al
gobierno) le interrumpían el discurso con fuertes aplausos. Llegó la votación y
¡sus compañeros votaron contra el proyecto! Desolado, el Padre Gafo se cruzó en
los pasillos con Lamamié que le dijo (la cita no es textual): ¡Déjese de
pamplinas, lo que tienen que hacer los obreros es ser menos libertinos y rezar
más el rosario! O sea, al final, el bien común consiste en utilizar la piedad
religiosa como bálsamo pacificante de la sociedad evitando así tener que
abordar las causas de las injusticias sociales...
Se reprueba el obstruccionismo y el abstencionismo como
contrarios a importantes virtudes.
4. En todos los casos prácticos en que el bien común lo exija,
conviene sacrificar en aras de la
Religión y
de la
Patria las
opiniones privadas y las divisiones de partido, salvo la existencia de los
mismos partidos, cuya disolución a nadie se le puede exigir.
Se aplica aquí el principio de primacía del bien común, que pide
subordinar los intereses particulares al bien de la comunidad. Pero contra
quienes censuran la política partidaria se recuerda que a nadie se le puede
exigir la supresión de los partidos.
5. No exigir de nadie como obligación de
conciencia la afiliación a un partido político determinado con exclusión
de otro, ni pretender que nadie renuncie a sus aficiones políticas
honestas como deber ineludible; pues en el campo meramente político puede
lícitamente haber diferentes pareceres, tanto respecto del
origen inmediato del poder público civil, como del ejercicio del mismo y
de las diferentes formas externas de que se revista.
Se niega legitimidad a la pretensión de un partido católico
único, exclusivo, al cual los fieles deban afiliarse como si fuera un deber de
conciencia. Tampoco se puede pretender la renuncia a la actividad política como
si fuera un deber moral. Por último, se recuerda que hay un campo de cuestiones
opinables en materia política (origen inmediato del poder, su ejercicio, formas
de gobierno) en el cual se impone el respeto por las personas y la libertad de
sus conciencias.
6. No sería justo ser de tal manera inexorables por los
menores deslices políticos de los hombres afiliados a los partidos
llamados liberales que por tendencia y por actitud política sean ordinariamente
más respetuosos con la Iglesia que la generalidad de los hombres políticos
de otros partidos, que se creyera obra buena atacarles sistemáticamente,
presentándoles como a los peores enemigos de la
Religión y de la
Patria, como a
«imitadores de Lucifer», etc., pues semejantes calificativos convienen al
«liberalismo doctrinario» y a sus hombres en cuanto sean sostenedores
contumaces y habituales de errores y doctrinas contrarios a los derechos
de Dios y de la
Iglesia, abusando del
nombre de católicos en sus mismas aberraciones, y no a los que quieren ser
verdaderos católicos, por más que en las esferas del Gobierno o en su
acción política falten en algún caso práctico, por ignorancia o por
debilidad, a lo que deben a su Religión o a su Patria. Combátanse con
prudencia y discreción estos deslices, nótense estas debilidades que
tantos males suelen causar; pero en todo lo bueno y honesto que
hagan déseles apoyo y oportuna cooperación, exigiendo a su vez por ella
cuantos bienes se puedan hic et nunc alcanzar en
beneficio de la
Religión y de la
Patria.
Se reprueba aquí la crítica destructiva, sistemática,
diferenciando el liberalismo doctrinal y pertinaz, de los deslices cometidos
por debilidad o ignorancia. Y se pide la cooperación –al menos actual- cuando
se trata de luchar por bienes comunes concretos en beneficio de la
Religión y de la
Patria.
7. Estar siempre prontos para unirse con todos los buenos,
sea cual fuera su filiación política, en todos los casos prácticos que los
intereses de la
Religión y de la
Patria exijan una
acción común. Esta unión no es unión de fe y de doctrina, pues en tales
cosas todo católico debe estar unido con los demás católicos, y todos
ellos sujetos y obedientes a la Iglesia y a sus enseñanzas; esta unión,
por su naturaleza, no es una asociación católica, ni una cofradía, ni una
academia, es una «acción práctica» no constante y permanente o per
modum habitus, sino de circunstancias y necesidades o per modum
actus.
Este punto es un desarrollo de la última parte del
anterior. Se insiste en la distinción práctica entre colaboración habitual y
actual en función de bienes comunes. Esta unión colaborativa entre personas de
distinta filiación política no es unidad de fe.
P.s. en la segunda parte de esta entrada abriremos los
comentarios al debate.
