Sintetizando mucho, es posible reducir a dos los principios que deben regir las relaciones Iglesia-Estado. El primero, la libertad de
El segundo principio es el de cooperación, en virtud del cual los estados, sin dejar de ser tales ni perder su legítima autonomía, deben cooperar a que la Iglesia
logre su fin. Ambos principios admiten diversos grados de perfección en su historicidad. Cuando la libertad de la Iglesia se reconoce por su fundamento
divino-positivo y la cooperación se realiza de modo pleno en razón de ser la Iglesia la única religión
verdadera (=subordinación indirecta y teleológica del Estado a la Iglesia ), se llega a la
confesionalidad en sentido estricto. Tal es el fin, que no siempre
puede alcanzarse, razón por la cual se distingue entre tesis e hipótesis. En la actualidad se han generalizado las
situaciones de hipótesis con diverso grado de imperfección/perfección.
Los dos principios, aunque distintos, son complementarios.
No se trata de un aut-aut, sino de un
et-et; no es cuestión de contraponer
libertad a cooperación; sino de buscar, en concreto, la mejor realización de los dos, llegando a la confesionalidad donde sea posible. Esta es la
doctrina católica tradicional.
Pero durante la primera mitad del siglo XX se aceleró un
proceso por el cual el principio de cooperación se oscurecería en la conciencia católica. Se cayó en la trampa del aut-aut: libertad o cooperación. Ciertamente a lo largo de la historia la colaboración estatal
tuvo imperfecciones. No pocas veces
los estados católicos se creyeron legitimados para recortar la libertad de la Iglesia; y también se dio el fenómeno de la intrusión clerical en asuntos meramente temporales. La reacción de los católicos
liberales fue confundir el uso
con el abuso. Porque con la buena
intención de ver a la Iglesia
libre de contaminación política, los liberales proponen que el Estado no
coopere con la Iglesia ,
para que no la ensucie. Lo cual es semejante al donatismo político, aunque cambiando los sujetos: que los católicos no cooperen con la
polis para no contaminarse. Las dos posturas, "puristas", tienen en común, además, una concepción deficiente de la
acción humana, en virtud de la cual la inmoralidad se da casi por
contagio u ósmosis. De este modo, así como la ayuda estatal "ensucia" a la Iglesia ,
con independencia de la bondad objetiva de las conductas, la cooperación del
católico en su comunidad política lo "contamina" moralmente con abstracción de
lo que su voluntad tenga por objeto.
A fuerza de radicalizar este "purismo" liberal, durante el
Vaticano II se llegó al extremo de decir que la libertad de la Iglesia es el único principio de validez perenne en
materia de relaciones Iglesia-Estado. La cooperación subordinada quedó reducida a una circunstancia histórica. Terminado el Concilio, comenzaría un proceso de "eutanasia" para los pocos estados católicos existentes. Todo esto
provocó la denuncia profética de Monseñor Lefebvre. Pero el
arzobispo no cayó en la trampa de una reacción pendular: renunciar o minusvalorar la libertas Ecclesiae por defender el
principio de cooperación.
La neutralidad religiosa del Estado es hoy un dogma
político establecido. La cooperación estatal está difuminada en la teoría y reducida al mínimo o suprimida de hecho (en la Argentina existe un cuestionado sistema de remuneraciones estatales para los obispos, que algunos confunden con la sana confesionalidad). Ante esta
lamentable situación, hay quien no logra ver la importancia del principio de
libertad en un contexto social no cristiano. En efecto, aunque falte la cooperación (lo cual es un mal social, porque es carencia de un bien debido) la
libertad de la Iglesia
sigue siendo un importante bien común que se debe preservar y perfeccionar. Y esto lo constituye en causa proporcionada de notable importancia al momento de ponderar acciones de doble efecto en el campo político.
La forzosa dicotomía, el aut-aut,
condujo a un eclipse del principio de cooperación. Pero la claridad no podrá restablecerse radicalizando la dicotomía hacia un nihilismo destructivo, en virtud del cual si el Estado no quiere ya colaborar, hay que renunciar también a la libertad o abandonar la lucha por preservarla.
No fue Cristo quien dijo “cuanto peor, mejor”.